Exigimos coherencia entre el discurso y la acción de Tamara Adrián
Desde
hace unos 20 años, la abogada Tamara Adrián, la mujer que hoy día es la primera
diputada transgénera y lesbiana electa en Venezuela y Latinoamérica, es
considerada por muchas personas un símbolo de defensa de derechos para las
personas LGBTI en Venezuela - razón por la cual pudiera ser que llega a ocupar
el puesto de diputada suplente en el Parlamento-. No obstante, su discurso
acomodaticio y su falta de compromiso con la lucha por la reivindicación de la
dignidad de las personas LGBTI la aleja de esta imagen que se ha labrado.
Todo
comienza cuando en 2005 interpone un recurso ante el Tribunal Supremo de
Justicia para el reconocimiento de su derecho a la identidad de acuerdo a su
autopercepción del género, toda vez que la Diputada Adrián a esa fecha ya había
sido sometida a una operación de reasignación de sexo en Tailandia.
Ahora
bien, en 2003 apoya a la Asociación Civil Unión Afirmativa (UNAF) dirigida para
aquel entonces por José Ramón Merentes, para interponer ante el TSJ un recurso
de interpretación del Articulo 77 en contraposición con el 21, ambos de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que básicamente
exigía el pronunciamiento de este máximo organismo de justicia sobre la posible
discriminación existente para las parejas conformadas por personas del mismo
sexo en el acceso a las uniones estables de hecho equiparables al matrimonio y
el cual dio origen a la Sentencia TSJ-SC-190/2008 (5 años después).
Ya
para el año 2010, Tamara Adrián publicaba en sus redes sociales, lo que ya en
muchos países del mundo comenzaba a ser visible: la exigencia por igualdad de
derechos sin discriminación, señalando claramente que cualquier otra cosa era
un acto de segregación o apartheid. Incluso podemos ver cómo le responde a
Elías Montaño (PJ) (hoy concejal del municipio San Felipe, Yaracuy) quien le
plantea una propuesta de Uniones Civiles, basadas en la Sentencia 190/2008 del
SC-TSJ.
Cuando
en 2014, AC Venezuela Igualitaria lleva de la mano con 47 organizaciones y
movimientos sociales, a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Matrimonio
Civil Igualitario, su organización, Diverlex se suma a la entrega, reconociendo
en consecuencia su legitimidad y legalidad, sin alzar las opiniones que hoy esgrime
para frenar la demanda que sigue vigente.
Cuando
en 2015 lanza su candidatura por Voluntad Popular – MUD a las elecciones
parlamentarias, defiende el derecho a la igualdad y repudia cualquier forma de
segregación, y señala en muchas entrevistas a la prensa que defenderá y
promoverá el Matrimonio Igualitario afirmando que era parte del Proyecto de
Cambio de la bancada opositora, razón por la cual seguramente muchas personas
votaron por su partido y la coalición.
Inmediatamente
de ser electa, a través de muchas más declaraciones a la prensa, continúa
ratificando que en su agenda y la de la MUD el tema está planteado, sin
demoras, incluso en un breve período de tiempo. La igualdad para muchas
personas estaba en sus manos, aun ante el desafortunado tropiezo con las
declaraciones del Secretario General de la MUD Chúo Torrealba, al cual
confronta a pesar de que éste la mandara a ocupar su lugar y a someterse a la
agenda de la colación gracias a la cual ha sido electa. Dando en ese momento
una clara idea de la actitud de sometimiento que contradictoriamente, la
diputada suplente debía asumir para poder sobrevivir en la llamada "Mesa
de la Unidad Democrática".
Hoy
día, vemos desafortunadas declaraciones de la Diputada, cuando en el diario el
Impulso publicado el día 17 de mayo reitera, lo que ya en varias oportunidades
desde su encuentro con Chúo Torrealba, lleva promoviendo. Ante la pregunta del
periodista, esta es la respuesta:
“-¿Por dónde deberíamos comenzar a
legislar para reconocer los derechos igualitarios?
-Tenemos
que comenzar por reformar la Ley Orgánica del Registro Civil para reconocer
uniones estables de hecho y uniones civiles igualitarias, reconocer la
identidad de las personas trans, y las situaciones internacionales. Así mismo,
hay que crear una Ley Contra la Discriminación. En cuanto al tema del
matrimonio igualitario, debe abordarse después de cambiar a los integrantes del
Tribunal Supremo Justicia.”
Ver
nota completa aquí: http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/infografia-adrian-inadmisible-que-la-orientacion-sexual-determine-derechos-de-una-persona
Entonces
nos preguntamos: ¿hay coherencia en su discurso cronológico y su acción
contemporánea? ¿Es ella la persona en quien la comunidad LGBTI venezolana debe
seguir confiando sólo por estar ocupando un curul en el que ahora sirve al
juego político de la coalición a la que evidentemente está apegada? ¿Se le
puede seguir llamando defensora de la población LGBTI o se dedicará a la Agenda
de la MUD excluyendo nuestras demandas, postergándolas o, peor aún,
pisoteándolas con propuestas segregacionistas como la Unión Civil “Igualitaria”,
que antes deploró junto a nosotrxs?.
La
propuesta de uniones civiles era mala, segregacionista, cuando la propusieron
movimientos militantes chavistas —encabezados por Bases Lésbicas—, que la
consignaron ante aquel consejo presidencial para la Sexodiversidad, a la cual
nos opusimos quienes impulsamos la igualdad plena. Luego de asumir su curul,
ahora las uniones civiles son buenas porque las está proponiendo ella, como
única salida que le dejan sus actuales patrones partidistas a cambio de una
presencia simbólica —primera diputada sexo-género disidente— de la que hasta
ahora parecen beneficiarse solo ella, con sus intereses personalísimos, y la
MUD, que usa su figura para enmascararse y contrabandear una intención de
igualdad e inclusión que no termina de tocar la puerta de la casa de nadie.
¿Cuáles
son las verdaderas trabas que según la Diputada Adrián nos enfrentamos? ¿Son
las firmas del Proyecto de Ley que no se encuentran? ¿Es porque el TSJ declararía
la inconstitucionalidad de una Ley si la aprobara el actual parlamento? ¿Es porque
es sólo una diputada suplente y no puede hacer más, a pesar de haber
participado en otras sesiones para la aprobación de leyes y ejercer derechos de
palabra? ¿Es el criterio de la Sentencia 190/2008? ¿Es que deben cambiarse los
magistrados del TSJ? ¿Es porque sugiere presentar recursos ante el TSJ, ya presentados
por Venezuela Igualitaria a los que aún no se ha adherido en apoyo? ¿Nos
enfrentamos a unas trabas ya existentes o nos está creando más trabas desde su
nuevo discurso?.
Por
todo ello, exigimos, como venezolanxs, activistas y como población LGBTI,
coherencia y transparencia de quien se endilga ser representante de nosotrxs, una
cosa es tener una opinión siendo activista y otra es cambiarla e imponerla
siendo diputada. Ya los movimientos que luchamos por la reivindicación de los
derechos de las personas LGBTI hemos dejado oír nuestras voces bien en claro en
cuanto a las exigencias que hacemos a nuestros legisladores: Matrimonio
Igualitario, Ley de Identidad de Género, Ley antidiscriminación, Tipificación
de Crímenes de Odio y Ley de Educación Inclusiva.
AC Venezuela Igualitaria