1 de julio de 2017

CONSIDERANDO

Que la marcha del Orgullo LGBTI debe ser un espacio de visibilización ante la sociedad y el Estado, donde quede claro que existimos y no queremos seguir sobreviviendo a la vergüenza histórica que se nos ha impuesto sino vivir sin miedo a ser, a existir y a amar en libertad. Que la marcha del Orgullo LGBTI Nacional además es el único espacio anual abierto para exigir con claridad y contundencia al Estado, el cúmulo de demandas legales que permitan ir recuperando la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneras, transexuales e Intersexuales, y dejar de ser prohibidas, restringidas en el ejercicio de derechos que garantizan nuestra felicidad.

Que el trabajo por la dignificación de nuestras ciudadanías y humanidades lo ejercemos quienes aun simpatizando o militando en otros espacios como el político-partidista, no debemos permitir que ni empresas privadas ni partidos políticos secuestren nuestro clamor, para satisfacer intereses particulares, cuando no demuestren ni en discursos ni en acciones verdaderamente significativas su compromiso humano con la construcción de un país de respeto a las diferencias.

Que la marcha del Orgullo LGBTI es un momento para celebrar que estamos perdiendo el miedo y la vergüenza de ser quienes somos; que con amor, colores y alegría estamos venciendo al odio que nos enseñaron a sentir hacia nuestras propias vidas; y que hemos conquistado grandes o pequeños logros, pero que por sobre la celebración, lo primordial es la denuncia y mostrar que seguimos indignados, oprimidos y robados en derechos.

Que quienes organizan las marchas deben asumir su vocería por quienes sufren el estigma y la discriminación y no superponer otros intereses no alineados a la causa, entender que no son dueños de la marcha sino organizadores de un proyecto anual de visibilización, sensibilización y concientización de las peticiones que los múltiples movimientos sociales, como pueblo organizado y oprimido llevamos ante quienes tienen en sus manos acompañarnos en la deconstrucción de prejuicios inhumanizantes, pero que en el seno de sus partidos políticos juegan a seguir invisivilizándonos, ridiculizándonos y usándonos como insulto ante sus oponentes refiriéndose a nosotrxs de manera despectiva.

Que es posible partidizar las marchas en un contexto de polarización profunda, pero que conscientes de que esto genera un ambiente de exclusión pudo haberse manejado al menos convocando en fechas diferentes, lo que permitiría que quienes creemos que defender derechos humanos no te hace “opositor”, o que las causas deben apalancarse en todos los espacios y estructuras sin que esto deba catalogarte como “simpatizante o servil” a pesar de las contradicciones ideológicas de fondo o de forma evidentes.

DECIDIMOS

No asistir a ninguna de las dos marchas convocadas para el próximo domingo 2 de julio de 2017 en Caracas, pues el génesis de esa fractura está en el conflicto político-partidista de quienes convocan haciéndole guiños al sistema opresor y ninguna posee una convocatoria clara político-reivindicativa y esto afecta el movimiento LGBTI, deteniéndonos o retrocediendo considerablemente.

No queremos medirnos en medio de la polarización política que divide y dirige las acciones del país cuyos conflictos nos arropan pero que tienen sus propios espacios de lucha, queremos abrir los ojos de una sociedad represiva transversalizada en todos los sectores, y de cimentar nuevos paradigmas donde las diferencias no sean más toleradas sino reivindicadas.

En este sentido, para no vagar vendados, haciéndonos cómplices silenciosos de intereses ocultos, llamamos a todas las personas que creen en esta lucha a rescatar juntos el sentido de las manifestaciones públicas, marchas, conmemoraciones, celebraciones y protestas como forma de presión política y social que nos lleve a la consecución de nuestro objetivo que no es más que el respeto a la dignidad de todas las personas LGBTI en Venezuela.

Necesitamos conciencia de grupo, evolucionar como movimientos, pues aún estamos apenas comenzando.
Publicado por Venezuela Igualitaria El 1 de julio de 2017 Sin comentarios Leer todo

26 de junio de 2017

Venezuela Igualitaria, en actitud de defensa de los derechos de las personas vulnerables del colectivo LGBTI en Venezuela, y dada la Sentencia de Admisión 399/217 nos adherimos solicitando a la Magistrada Ponente y demás magistrados y magistradas de la Sala Constitucional sean considerados en Sentencia Definitiva lo siguiente:

1. Considerando la inexistencia de normas que garanticen el derecho de las personas transgéneras y transexuales a ser y a existir de acuerdo a su auto-reconocimiento, a su voluntad de ser hombre o ser mujer (incluso, a no reconocerse dentro de la categoría binaria sexo-genérica), pero amparadas en el derecho a un trato digno e igualitario, a una justicia equitativa, a no sufrir de discriminación ni violencia psicológica, moral y emocional, ni tratos inhumanos o degradantes, derecho a la intimidad, entre otras, al libre desenvolvimiento de la personalidad y a libertad de expresión.

Que no se les exija un informe médico, psicológico y psiquiátrico a quienes demandan el derecho a la identidad auto-percibida, por contrariar el espíritu constitucional al ser discriminatorio y valorar lo clínico por encima del ser y el sentir propio, deslegitimando su lucha exigiéndoles adaptase a las definiciones y patrones psiquiátricos de hombre y mujer para que puedan vivir sus identidades, darle valor a sus vidas. Porque no se trata de un problema de salud mental que requiera algún diagnóstico, sino de sufrimiento y exclusión social, y solicitamos se establezca un protocolo simple basado en las legislaciones internacionales tales como las de Argentina, donde por la vía administrativa sólo sea requisito para la solicitud del trámite, la voluntad consentida del demandante.

2. Se reconsidere la demanda como de derechos supraindividuales, colectivos y difusos y además de orden público, pues lo que se solicita es la protección de los derechos fundamentales no solo de quienes demandan la acción sino que solo son una muestra de las miles que en Venezuela protagonizan procesos discriminatorios por este motivo.

3. Se desestimara la separación de las causas, pues un trato individualizado de cada caso presentado en la demanda original se aleja del eje de la demanda en cuestión, compartida con muchas personas en la misma condición de vulnerabilidad y que sería una inmoralidad del Estado judicializar el derecho a ser quienes son y a identificarse como tal en los documentos oficiales, además de legalizar la discriminación.

Basado en dichas consideraciones, continuar con un mismo número de expediente garantiza de celeridad y economía procesal, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 51 y 52, Numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, sobre la existencia de conexión entre las causas, siendo procedente una correcta acumulación de las mismas en un solo expediente al tratarse de una causa con identidad de título y de objeto, pero con personas diferentes.

La adhesión pretende que la sala considere para la sentencia definitiva definir las diferencias entre sexo, género e identidad de género, y en función a lo establecido en la Ley Orgánica de Registro Civil, en su Artículo 146, decidir que la carga de pruebas sea canalizada frente a los registros civiles.

Insistimos en que la demanda que da origen a la sentencia de admisión a la cual nos adeherimos, busca reivindicar el derecho a decidir libremente sobre la identidad en cuanto al nombre propio y sexo registral y si se desea o no modificar el cuerpo con hormonas u operaciones y poder llevar a cabo esta elección sin impedimentos burocráticos, políticos ni económicos, así como fuera de cualquier tipo de coerción médica, pues afirmamos que el Estado no debería de tener ninguna competencia sobre nuestros nombres, nuestros cuerpos ni nuestras identidades. Asimismo, insistimos que un programa de atención sanitaria a la transexualidad y transgeneridad debe hacer de la evaluación psiquiátrica un paso innecesario y del acompañamiento psicoterapéutico una opción voluntaria.


Ver Recurso interpuesto aquí. Foto: Cortesía de Kyara Madrid (Activista Trans Maracaibo)
Publicado por Venezuela Igualitaria El 26 de junio de 2017 Sin comentarios Leer todo

15 de junio de 2017

En América Latina el debate sobre el acceso a la Salud y la Identidad Civil de las personas transexuales y transgéneras está recién comenzando luego de 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, situación que para esta población trae graves obstáculos en el acceso a los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.

Argentina (Ley 26743 Año 2013):
Impulsada por la FALGBT y ATTTA desde 2007 es la primera en el mundo en garantizar a las personas Transgéneras y Transexuales el cambio de nombre en todos los documentos oficiales sin necesidad de someterse a un proceso judicial ni por diagnóstico de psicólogos. La solicitud para mayores de 18 años se hace vía administrativa y no judicial sin acreditar intervención quirúrgica ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Contempla el acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas cubiertas por la Sanidad pública y privada de manera gratuita y voluntarias. Ampara, con la asistencia de abogado, a menores de edad, quienes deben expresar conformidad junto a la de sus representantes legales, pero de no contar con esta última, podrán recurrir a la vía judicial.

Requisitos: ser mayor de 18 años y llenar la solicitud de la rectificación registral. Se conserva el número original del documento de identidad.

Ciudad de México (Decreto modificando Código Civil y de Procedimientos Civiles CDMX del 5/2/2015)
Desde 2008 y sin necesidad de cirugías, las personas podían solicitar un acta de nacimiento acorde a su identidad de género, sin embargo fue en 2015 cuando se establece un procedimiento vía administrativa simple, pero solo para Mayores de 18 años a quienes no se exige acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Esto hizo obligatoria la atención médica en los servicios de salud en Ciudad de México exclusivamente.

Requisitos: copia certificada del acta de nacimiento primigenia; original y copia fotostática de su identificación oficial y comprobante de domicilio.

Colombia (Decreto 1227 2015)
El procedimiento es vía administrativa para mayores de edad y no se exige acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. No establece procedimientos para menores.

Requisitos: Copia simple del Registro Civil de Nacimiento y de la cédula, Declaración donde la persona indica su voluntad de realizar la corrección de la casilla del componente sexo en el Registro del Estado Civil de Nacimiento.

Uruguay (Ley 18.620 2009)
El procedimiento es vía administrativa para mayores de edad. No establece procedimientos para menores. La solicitud deberá estar acompañada de un INFORME TÉCNICO del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género y diversidad que acredite la estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos dos años. No se exige cirugía de reasignación sexual.

Requisitos: Solicitud que acredite que el nombre, el sexo -o ambos- consignados en el acta de nacimiento son discordantes con su propia identidad de género.

Bolivia (Ley 807 2016)
El procedimiento es vía administrativa para mayores de 18 años, de estado civil solteras, divorciadas o viudas. No se establece procedimiento para menores de edad y se exige examen médico psicológico que acredite que la persona conoce y asume voluntariamente las implicaciones de su decisión. No se exige cirugía de reasignación sexual.

Requisitos: Carta de solicitud de cambio de nombre propio, sexo e imagen, Examen técnico psicológico, Certificado de nacimiento original, Certificación de datos de personas, Certificado de estado civil, Certificado de descendencia , Certificado de Antecedentes Penales y Fotografía actualizada de la imagen que corresponda a la nueva identidad.

Ecuador (Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles 2015)
El procedimiento es vía administrativa para mayoría de edad y consiste en sustituir el campo Sexo de la Cédula de Identidad por el de Género y este cambio no afectará los datos del registro personal único de la persona relativos al sexo. No se establece procedimiento para menores de edad. No se exige cirugía de reasignación sexual ni informe médico psicológico-psiquiátrico.

Requisitos: Solicitud de sustitución del campo SEXO por el de GENERO, dos testigos que acrediten una autodeterminación contraria al sexo del solicitante por al menos dos años.

Brasil: Es por un largo y engorroso proceso judicial que exige informes médicos y psiquiátricos.

Chile (Proyecto de Ley) : Salió del Senado a la cámara de diputados recientemente el proyecto de ley que lleva 4 años de debates, quedando hasta ahora por vía administrativa, deja a menores fuera de la iniciativa y exige la presentación de una evaluación médica por parte de los/as solicitantes. Abarca a personas trans casadas quienes pueden hacerlo ante los Tribunales de Familia y terceros —padres/madres, hijos/as y cónyuges— no se pueden oponer al cambio de nombre y sexo registral.

Costa Rica (Proyecto de Ley): La propuesta solicita que los hombres y mujeres trans mayores de 18 años reciban los servicios de salud no desde la perspectiva de un desorden mental, sino como una atención médica y de salud que responda a las necesidades de estas personas. No es requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. No se establece procedimiento para menores.

Perú (Sentencia Judicial): En sentencia del 21 de octubre de 2016, el Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la identidad de género que permitirá a personas transgéneras y transexuales poder exigir a través de un proceso sumarísimo por la vía judicial puedan ejercer su derecho a la identidad. Requisitos: DNI, Partida de Nacimiento e informe psicológico y no está claro si las operaciones quirúrgicas son un requisito.

El Salvador, Paraguay, Honduras, Panamá, Nicaragua y República Dominicana: No existen sentencias judiciales ni proyectos de leyes en discusión.

Guatemala: Se firmó un documento por el Ministerio de salud titulado “Estrategia de Atención Integral y Diferenciada en Salud para Personas Trans en Guatemala” que busca atender las necesidades fisiológicas de las personas transexuales guatemaltecas ya que en quienes integran este grupo no son tratados correctamente en el sistema de salud público.

Venezuela: Se han admitido en 2016 y en 2017 dos recursos interpuestos ante el TSJ en su Sala Constitucional. Se espera una sentencia definitiva sobre estos casos. No existe proyecto de Ley conocido para reivindicar el derecho a la identidad de género a pesar de que en la Ley Organica de Registro Civil en su Artículo 146 se establece el derecho a cambiar de nombre cuando este atente contra la dignidad de la persona
Publicado por Venezuela Igualitaria El 15 de junio de 2017 Sin comentarios Leer todo

6 de junio de 2017

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, emitió Sentencia Nº 399 de fecha 1 de junio de 2017, donde ADMITE el reciente caso presentado el 6 de abril de 2017 por AC Divas de Venezuela en alianza con AC Venezuela Igualitaria, por el Derecho al Reconocimiento de la Identidad de Género Auto-percibida de las personas transexuales y transgéneros.

De acuerdo con lo expresado por el Abog. José Manuel Simons de AC Venezuela Igualitaria, con ello le da entrada oficial al caso en la Sala, dejando sentado que se trata de una Acción Innominada de Naturaleza Constitucional y tras un estudio del escrito presentado, se admite por estar conforme a Derecho.

La sentencia ordena la notificación de las cinco personas que intentaron la acción, para que informen su estado civil, copia certificada de las Partidas de Nacimiento y un Informe Médico-Psiquiátrico y Psicológico que demuestre que efectivamente son personas trans, dejando claro que cualquier organismo público o privado podrá emitirlo, recomendando especialmente a la Asociación Civil de Planificación Familiar (PLAFAM), Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela o al Servicio de Psiquiatría del Hospital Dr. Domingo Luciani.

Igualmente, se ordenó notificar a la Presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral adscrita al Consejo Nacional Electoral, para que informe el estado civil de las personas solicitantes; en el mismo sentido, se ordena notificar del caso a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión de Registro Civil y Electoral adscrita al Consejo Nacional Electoral.

Finalmente, se ordena la separación de la causa, para que continúe de manera individualizada para cada una de las personas.

Venezuela Igualitaria, celebra la admisión de esta acción pues representa un avance en la reivindicación de los Derechos Humanos de la población transgénero y transexual, la cual ha sido discriminada histórica y socialmente, aún así cuando representa la población más visible, que más ha luchado y que lamentablemente cada día suma más vidas perdidas dentro de la población LGBTI, pero no podemos dejar de lado o ignorar la solicitud de un Informe Médico-Psiquiátrico y Psicológico que demuestre que las personas que solicitan el reconocimiento de su identidad de género requieran de un previo informe que establezca que efectivamente son quienes sienten que son.

Ver Sentencia 399/2017
Ver Acción Innominada para la Protección de DerechosFundamentales: Reconocimiento de la Identidad de Género
Publicado por Venezuela Igualitaria El 6 de junio de 2017 Sin comentarios Leer todo
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